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La UIFRA manifestó su preocupación y exigió reglas claras en una reunión en la cual participaron autoridades del Ministerio de Agroindustria de la Nación.

 

 

En momentos en el que se habla de transparentar costos, de generar condiciones de mayor competitividad y de prepararnos para el libre mercado, es indispensable denunciar públicamente el accionar arbitrario que muchos municipios llevan a cabo al momento de realizar inspecciones bromatológicas en unidades de transporte de mercadería

Las empresas que transportan alimentos sufren la discrecionalidad cuando ingresan en jurisdicciones en las que deben abonar un porcentaje de la factura de la mercadería en tránsito. Dicho accionar es totalmente inconstitucional, al crear verdaderas aduanas internas que se encuentran expresamente prohibidas en la Constitución Nacional.

Es por ello que muchas de las empresas que padecen estos actos, inician acciones judiciales que logran prosperar pero cuya resolución suele demorar años, generando un costo adicional que es difícil de afrontar para muchos participantes del mercado.

Los gobiernos locales están impedidos de cobrar impuestos, y sólo pueden aplicar tasas por servicios prestados que deben estar en relación al costo de la prestación, y no atado al valor de la mercadería o al volumen de lo que es transportado.

No se trata de evitar los controles, los cuales contribuyen a garantizar la sanidad y seguridad alimentaria. El problema es que se está cobrando por un servicio que no se presta y los montos en la mayoría de los casos son muy representativos. Para aportar un ejemplo, a un camión que transporta treinta pallets de fideos, se le exige abonar cerca de $15.000

Nuestro sector, así como el conjunto de la Industria de Alimentos y Bebidas nucleada en la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) coincidimos en este reclamo y expresamos esta problemática al Ministro de Agroindustria de Nación, Luis Miguel Etchevehere, en una reunión concretada días pasados.

La UIFRA aguarda con expectativas que este tema pueda ser abordado por las autoridades nacionales, ofreciéndose una solución que ponga límites a este tipo arbitrariedades y abuso de poder ejercido por los municipios.